“La persecución de los vendedores de droga al menudeo, determinó la disposición de cuantiosos recursos humanos y materiales, con destino a un objetivo que resultó fracasado por insostenible e ineficaz”, aseguraron los Jueces en un duro comunicado.
La Red de Jueces Penales bonaerenses emitió un comunicado titulado “deteniendo a micro vendedores no se ataca el narcotráfico” donde se propuso que el delito de la venta de estupefaciente vuelva a la justicia federal para descomprimir las cárceles de la Provincia.
“La persecución de los vendedores de droga al menudeo, determinó la disposición de cuantiosos recursos humanos y materiales, con destino a un objetivo que resultó fracasado por insostenible e ineficaz”, aseguraron los Jueces.
Fracaso
“Pese a que gran cantidad de agentes policiales, empleados, funcionario y fiscales hayan sido destinados específicamente a esta tarea en toda la provincia, no se advierte la disminución del problema que han venido a resolver: se han gastado muchos recursos sin verificar el cumplimiento de objetivo alguno”, sostuvieron los magistrados.
Según un Informe de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sólo durante el año 2018, se iniciaron más de sesenta mil (63.198) investigaciones penales preparatorias. De ellas, más de un 65 % resultó por delitos de microtráfico de estupefacientes, y más del 33% estaba referida a simples tenencias o tenencias para consumo personal.
Desde Red de Jueces puntualizan las consecuencias de esta persecución de los micro vendedores en el sistema de justicia penal provincial: incremento significativo del caudal de trabajo de los organismos del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos; realización de pericias toxicológicas, que se dilatan por falta de recursos en los laboratorios; aumento del número de audiencias en la instancia oral; sobrecarga de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal del conjunto de departamentos judiciales, entre otras.
Insostenible
A la fecha de implementación de la ley de desfederalización, la Provincia de Buenos Aires ya había sido denunciada por violación a derechos humanos por sobrepoblación y hacinamiento ante organismos internacionales; por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había observado la deficiencia en la actuación de los poderes públicos locales.
Según los datos del Registro Único de Detenidos de la Provincia de Buenos Aires (RUD) al 31/12/2019, de un total de 58.300 personas privadas de libertad bajo distintas modalidades, 8.113 lo estaban por delitos relacionados a la ley de estupefacientes, alcanzando el 13,9. Según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal (SNEEP) a fines del año 2018, se ubicaba como la tercera modalidad delictiva de encierro con 5.626 menciones, sólo superada por los delitos de robo y tentativa de robo y los homicidios dolosos.
“Ello importa para el Estado local, no sólo una superpoblación carcelaria (que hoy también repercute en el estado de emergencia de las comisarías) para la que no está preparado el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB); sino que esto utiliza una porción importante de los recursos del sistema, que debieran invertirse en tratamientos útiles para mejorar las posibilidades de reintegración social de las personas detenidas por delitos de exclusiva competencia provincial”, advirtieron.
Ineficaz
Los magistrados aseguraron que los “cuantiosos gastos derivados a reprimir al narcotráfico nunca podrán tener éxito, pues apuntan al sector más fungible de la actividad”.
“El hecho de que la detención masiva de personas no haya derivado en una mejora de la situación, responde a un mal enfoque político criminal del problema: El confinamiento de vendedores al menudeo ataca al sector más fungible del mercado ilegal: Los vendedores son personas sin preparación, ubicados en el último eslabón de la cadena delictiva, por tanto su “neutralización” –detención– no afecta la estructura de la organización, y su reposición como recurso humano es muy sencilla, por la escasa preparación requerida y su fácil reclutamiento en un contexto de precariedad económica”, argumentaron.
Estas características del fenómeno predican la necesidad de conducir las investigaciones hacia las instancias superiores de la organización; por el contrario, la prisionización masiva de sujetos implicados en el narcomenudeo, protagonizado por una jurisdicción local que no puede –por ser competencia federal– ir contra las cabezas de las organizaciones, resulta un instrumento manifiestamente idóneo para desarticular estas bandas criminales.
“En pocas palabras; focalizar el problema del narcotráfico en la persecución de micro-vendedores callejeros, representa una política criminal fracasada (carente de resultados positivos verificados), insostenible (por los cuantiosos e infructuosos costos que representa para una provincia en crisis económica) e ineficaz (pues nunca la persecución del último eslabón de las bandas narco-criminales puede desmantelar su organización), que debe ser reenviada a la competencia federal, única autorizada a realizar investigaciones inter-jurisdiccionales que permitan atacar a la cúspide de este tipo de organizaciones”, finalizaron la presentación.