La promesa de ordenamiento económico del gobierno de Javier Milei ha tenido un costo visible y doloroso en el bolsillo de los argentinos, según el análisis de las variaciones de precios desde diciembre de 2023. Mientras se celebra la desaceleración de la inflación mensual general, el reordenamiento de precios relativos ha provocado que ciertos sectores, particularmente los servicios básicos, se disparen a niveles inalcanzables para gran parte de la población.
Los datos son contundentes: la mayor disparada inflacionaria no se encuentra en los bienes de consumo masivo, sino en aquellos pilares de la infraestructura y la vida cotidiana que el gobierno anterior mantenía artificialmente bajos mediante subsidios.
Encabezando esta lista de incrementos exponenciales se encuentran los servicios públicos esenciales. La Vivienda, Agua, Electricidad y Otros Combustibles se consolidan como el rubro más afectado, con aumentos acumulados que en varios informes superan el 200\% e incluso el 300\%. Este ajuste tarifario, fundamental para la meta de déficit cero, ha forzado a las familias a destinar una porción mucho mayor de sus ingresos a cubrir la luz, el gas y el agua.
De cerca le sigue el Transporte. El encarecimiento de los combustibles y la actualización de las tarifas de colectivos y trenes, aunque con esfuerzos posteriores de moderación, instalaron un nivel de costos que lastra la movilidad y la actividad económica general.
En este podio de incrementos descontrolados también figuran Educación y Comunicación. La liberalización de cuotas y tarifas en estos sectores ha generado aumentos que, en términos porcentuales, superan con creces al índice general de precios acumulado en el mismo periodo.
Aunque los servicios acaparan los primeros puestos porcentuales, es imperativo señalar que los Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que constituyen la base de la subsistencia, han acumulado una suba superior al 100\% en términos generales. Esta escalada constante sobre la Canasta Básica es lo que se traduce directamente en un deterioro de la calidad de vida y un aumento sostenido de los indicadores de pobreza.
El ajuste, si bien busca un equilibrio fiscal, ha erosionado el poder adquisitivo de manera asimétrica. Mientras que los precios regulados se actualizan con un shock inicial, los ingresos y salarios siguen rezagados, creando una brecha de accesibilidad cada vez más profunda entre lo que los argentinos ganan y lo que deben pagar por los servicios y la comida básica.
El panorama es claro: el costo de mantener una vida «normal» en Argentina se ha disparado, poniendo en jaque la capacidad de consumo y ahorro de la mayoría de los hogares