La reforma laboral impulsada por el Gobierno ha encendido fuertes críticas entre organizaciones sindicales, especialistas en derecho laboral y trabajadores de diversos sectores, quienes advierten que el proyecto representa un retroceso histórico en conquistas sociales que tardaron décadas en consolidarse. Mientras el oficialismo sostiene que la iniciativa “moderniza el mercado de trabajo” y “mejora la competitividad”, los opositores denuncian que el texto final beneficia casi exclusivamente a la patronal y deja a los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad.
Entre los puntos más controversiales se encuentra la flexibilización de las condiciones de contratación, que permitiría modalidades más precarias sin garantías claras de estabilidad. También genera rechazo la reducción de costos indemnizatorios, que, de aprobarse, abriría la puerta a despidos masivos a bajo costo, según advierten abogados laboralistas. “El proyecto transforma el despido en una herramienta más barata y más fácil. Es una invitación a ajustar plantillas sin consecuencias económicas significativas”, señaló un especialista consultado.
Otra disposición criticada es la ampliación del período de prueba, que podría extenderse varios meses, dejando sin cobertura a los nuevos empleados y facilitando rotaciones constantes con mínima responsabilidad patronal. A esto se suma la debilitación de la negociación colectiva, ya que el texto habilita acuerdos individuales por encima de convenios sectoriales, una medida que, para los gremios, rompe el equilibrio histórico entre empleador y trabajador.
Los sindicatos mantienen un tono de alarma. “No estamos ante una modernización, sino ante una demolición de derechos laborales”, expresaron en un comunicado conjunto. Asimismo, advierten que la reforma podría provocar un aumento inmediato en la conflictividad social y en la litigiosidad, debido a la indefensión en la que quedarían muchos sectores.
En contraste, las cámaras empresariales celebran la iniciativa, afirmando que les permitirá “mayor libertad de contratación” y “una estructura de costos más acorde al contexto económico actual”. Sin embargo, para los críticos, esta asimetría deja claro que la reforma está diseñada para beneficiar casi exclusivamente a la patronal, sin contemplar mecanismos de protección para los trabajadores.
Mientras el debate avanza en el Congreso, crece la expectativa —y la preocupación— por las consecuencias que podría tener esta reforma en el empleo, la estabilidad laboral y el equilibrio entre los distintos actores del mercado. De aprobarse en su versión actual, señalan los especialistas, el país podría enfrentar un escenario de mayor precarización y un ciclo de despidos masivos difícil de revertir.