Un grave escándalo institucional y judicial sacude a la región tras la difusión de una operación de prensa basada en información apócrifa que intentó vincular a un abogado de Berisso con la causa denominada «Mega Estafa». La maniobra comenzó con la circulación de un supuesto «parte policial» de tono urgente que daba cuenta de un allanamiento inexistente en un campo ubicado en la calle 126 Norte y 80. El texto falso calificaba al letrado como un «peligroso delincuente» y pretendía ligarlo a la megabanda criminal del exjuez César Melazo, utilizando incluso el nombre del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta para otorgar una falsa legitimidad al procedimiento.
Ante la consulta sobre la veracidad de estos hechos, el fiscal Condomí Alcorta fue tajante al desmentir cualquier operativo. El funcionario confirmó que no existe ninguna causa en trámite con esas características y calificó el mensaje como una «fake news» diseñada con un alto nivel de detalle para generar confusión. Lo más llamativo del documento apócrifo fue una frase en la que el autor admitía que la publicación servía para «generar incertidumbre durante el juicio», lo que deja al descubierto una intencionalidad política y judicial detrás de la mentira. Debido a la gravedad de utilizar su identidad para avalar actuaciones judiciales ficticias, el fiscal adelantó que radicará una denuncia penal para identificar a los responsables de la creación y difusión de este falso parte.
En paralelo a esta operación de desinformación, se conocieron detalles actualizados sobre el estado real de la causa de la «Mega Estafa» de Berisso, la cual damnificó a numerosos vecinos de la ciudad. Según informó el abogado de las víctimas, el doctor Damián Martínez, el proceso judicial se encuentra en una etapa avanzada respecto a algunos de sus integrantes, mientras otros esperan el juicio oral. Hasta el momento, Leonardo Vitale fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión (actualmente excarcelado tras cumplir dos tercios de la pena), mientras que Ramona Pedrozo ya cumplió una condena de 3 años.
Respecto a los principales señalados, Juan Manuel Rodríguez, Marcelo Sandi y Viviana Romano se encuentran bajo arresto domiciliario a la espera del juicio oral, el cual tiene fecha probable para el año 2028. Una de las controversias actuales radica en que, si bien Sandi y Romano poseen tobilleras electrónicas, el presunto jefe de la banda, Juan Manuel Rodríguez, no cuenta con el dispositivo debido a supuestos problemas de señal en su domicilio de calle 153 entre 12 y 13.
Esta situación fue apelada por la querella, que exige que el imputado permanezca bajo estricto control técnico hasta el inicio del debate. Mientras la justicia busca desentrañar el origen de los ataques mediáticos falsos, los damnificados continúan a la espera de una resolución definitiva en un proceso que ha marcado profundamente a la comunidad de Berisso.