En un movimiento que marca un hito en la política económica del país, el Gobierno firmó un nuevo acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que va más allá de las metas macroeconómicas tradicionales. El documento, que ya generó polémica y debate, detalla 12 «puntos de referencia estructurales» que implican profundos ajustes en el rol del Estado y que comenzarán a implementarse en los próximos meses.
Las reformas, que se detallan en la página 87 del acuerdo, abordan áreas tan sensibles como las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el sistema tributario y los subsidios a los servicios públicos. Si bien el plazo de cumplimiento se extiende desde septiembre de 2025 hasta diciembre de 2026, el impacto de estas medidas podría sentirse a corto y mediano plazo.
A continuación, un análisis pormenorizado de los puntos más relevantes del acuerdo:
Ajuste en AUH y pensiones por discapacidad
Para diciembre de 2025, el Gobierno se comprometió a mejorar la «eficiencia» de los programas sociales. Esto se logrará a través de la creación de un único registro social (Sistema de Indicadores Sociales, SIS) que, según el texto, facilitará un «control mejorado de elegibilidad». Aunque no se especifica si la medida implicará un recorte en la nómina actual o solo un ajuste en los nuevos ingresantes, la inclusión de este punto coincide con la reciente caída real en el gasto destinado a la AUH y asignaciones familiares.
Reforma jubilatoria y laboral
Uno de los compromisos más significativos es la presentación de una reforma previsional a fines de diciembre de 2026. El FMI exige un diagnóstico del sistema de pensiones con el objetivo de mejorar su equidad y sostenibilidad. El acuerdo también insinúa la necesidad de una reforma laboral para aumentar la cantidad de trabajadores formales y, de esta manera, fortalecer el sistema de jubilaciones. El objetivo es simplificar el sistema actual y mejorar la «proporcionalidad entre contribuciones y beneficios», aunque no se descarta una posible elevación de la edad jubilatoria.
Reforma tributaria
El Gobierno deberá elaborar, también a fines de diciembre de 2025, una propuesta para mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema tributario. El foco estará puesto en la eliminación gradual de los impuestos «distorsivos» sobre las transacciones comerciales y financieras. Se espera que esta reforma sea presentada ante el Congreso una vez que se renueve su composición, lo que podría darle al oficialismo una mayor capacidad de negociación.
Eliminación de fondos fiduciarios y empresas deficitarias
El acuerdo exige la presentación de un plan para la eliminación de entidades ineficientes a fines de septiembre de 2025, así como la supresión de todos los fondos fiduciarios para diciembre de 2025 (con la única excepción del fondo para subsidios de gas residencial). Si bien el Gobierno ya eliminó 29 fondos fiduciarios al inicio de su gestión, el texto genera dudas sobre la posible reactivación de alguno de ellos.
Privatizaciones y quita de subsidios
Para noviembre de 2025, el Gobierno deberá publicar una hoja de ruta detallada para la privatización o concesión de las ocho empresas públicas incluidas en la Ley Bases, entre ellas Intercargo, Enarsa y AySA. En la misma fecha, se contempla una reducción de los subsidios energéticos que acerque las tarifas de luz y gas a los «costos reales».
Presupuesto 2026 con déficit cero
La primera de estas reformas se hará visible en el Presupuesto 2026, que deberá ser presentado en septiembre de 2025. El proyecto de ley deberá incluir una regla de déficit cero y un marco fiscal a mediano plazo que contemple los riesgos y escenarios económicos.
El acuerdo también incluye compromisos en materia de lavado de activos y transparencia fiscal, con la implementación de las recomendaciones del GAFI y la modernización de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En total, son 12 reformas que, en su conjunto, buscan redefinir la estructura del Estado argentino. El Gobierno las presenta como necesarias para sanear la economía, mientras que los críticos advierten sobre los posibles efectos sociales y económicos que estos ajustes podrían generar en la población.