La medida busca poner en manos de las fuerzas de seguridad las políticas de niñez y adolescencia sin intervención de los organismos de promoción y protección de sus derechos.

Peor aún, la Gendarmería Nacional, que en sus funciones policiales viola sistemáticamente los derechos humanos y ha sido elegida por esta gestión para la represión de la protesta y los conflictos sociales, no puede ser garante de los valores de la democracia.

Por todo esto, la CPM rechaza esta nueva resolución demagógica e irresponsable que sólo busca fortalecer el control social por medio de las agencias punitivas del Estado y alimentar un sentido común autoritario que persiste en nuestra sociedad.

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