Para saber los orígenes de la fecha hay que remontarse a principios del siglo XX. El 20 de septiembre de 1904 se sancionó la Ley 4.349. Esta normativa establecía un beneficio previsional para los empleados públicos del Estado nacional.
Así, se dispuso la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que se constituyó como el primer instrumento que otorgó un ingreso a los trabajadores retirados de sus trabajos por edad avanzada.
Según recordó ATE, el sindicato de trabajadores del Estado, «en aquellos años, la asistencia y previsión social estaba bajo el ala de las asociaciones de socorros mutuos, una especie de ‘obra social’ que estaba bajo el control de comunidades de italianos, españoles y otras nacionalidades que buscaba cubrir las necesidades cotidianas de la población más empobrecida».
A partir de la ley, el Estado nacional comenzó a otorgar seguros a la vejez a los trabajadores estatales, maestros, empleados del Banco Nación y del Banco Hipotecario, personal judicial y de los Ferrocarriles Nacionales.
Las cajas jubilatorias se acordaban entre el Estado y los sindicatos, y también con las empresas privadas, en algunos casos. Las cotizaciones se hacían bajo la base de aportes tripartitos. Eran estas cajas las que fijaban el monto de los aportes, como la edad jubilatoria.
Con el correr de las décadas, la cobertura se amplió a otros gremios, como los bancarios, periodistas, gráficos, marinos mercantes y aeronáuticos, hasta que en 1954 se pasó de un sistema de capitalización individual a uno de reparto.
En 1994, con la reforma previsional, nació el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), a través del cual empresas privadas (las AFJP) podían gestionar los fondos provenientes del aporte individual de los trabajadores.
La Ley 26.425, sancionada en 2008, puso fin a la jubilación por capitalización y dio paso al sistema previsional público y obligatorio que rige en la actualidad.