La «transparencia» y la «austeridad» que el gobierno de Javier Milei pregona desde el atril parecen ser, una vez más, mercancía de exportación pero de nulo consumo interno. El caso de los vuelos privados de Manuel Adorni a Punta del Este ha pasado de ser un rumor de pasillo a una causa judicial que quema, especialmente tras la contundente declaración testimonial de Vanesa Tossi ante el juez federal Ariel Lijo.
Tossi, empleada del broker aeronáutico que gestionó los traslados, fue lapidaria bajo juramento al afirmar que le pidieron específicamente que no facturara la operación. Esta revelación no es un detalle administrativo menor, sino la confesión de un sistema diseñado para borrar huellas y ocultar que los pasajeros estelares eran el Jefe de Gabinete y su familia.
Mientras Tossi declaraba, la realidad superó a la ficción cuando su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Del otro lado estaba Marcelo Grandio, periodista y dueño de la productora Imhouse —contratista de la TV Pública—, intentando contactarla en plena audiencia judicial.
El nerviosismo de Grandio tiene sustento en el expediente: la investigación señala que el tramo de ida a Uruguay fue facturado a su productora, lo que configuraría un caso de manual de dádivas, donde un contratista del Estado paga los viajes de placer del funcionario encargado de controlar el gasto público.
La trama se vuelve más oscura al analizar el regreso, que según los testimonios se abonó en efectivo a través de un intermediario. Recién el 9 de marzo, el mismo día en que el escándalo tomó estado público, apareció una factura por 3.000 dólares que luego el propio Grandio intentó desconocer mediante una carta documento.
Adorni, fiel a su retórica, insiste en que pagó todo de su bolsillo, pero a meses del episodio no ha presentado un solo comprobante legal ni ante la Justicia ni ante la sociedad. El contraste entre el relato oficial y los allanamientos en San Fernando y la TV Pública dejan al descubierto una red de favores cruzados que la «motosierra» parece no haber alcanzado.