En un revés significativo para el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó este miércoles los vetos del presidente Javier Milei sobre la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión, que marca un límite claro al Gobierno en el Congreso, llega en un momento de creciente tensión política y social, sumándose a un panorama ya complejo para la administración a pocas semanas de las elecciones.
Ambas leyes, que habían sido aprobadas por el Congreso el 21 de agosto y vetadas por el mandatario el 10 de septiembre, ahora deberán ser tratadas por el Senado para su rechazo definitivo. La votación en la Cámara Baja mostró un amplio consenso en contra de la postura oficial.
El rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica contó con 181 votos positivos frente a 60 negativos y una abstención. Esta normativa busca establecer un fondo especial para fortalecer la atención en hospitales y centros de salud, ante el deterioro del sistema y el aumento de la demanda de servicios pediátricos. El proyecto, conocido como Ley Garrahan, también contempla la recomposición salarial del personal de salud y la recuperación del esquema de residencias.
Por su parte, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario fue rechazado con 174 votos positivos, 67 negativos y dos abstenciones. La medida garantiza partidas extraordinarias para asegurar el correcto funcionamiento de las universidades nacionales y el sostenimiento de programas de investigación. Entre sus puntos clave, la ley incluye la recomposición de los salarios de docentes y no docentes, un fondo de $10.000 millones para ampliar la oferta académica y un aumento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.
El revés legislativo no se produce de forma aislada. Coincide con una serie de desafíos que debilitan al Gobierno de Milei. Las denuncias de corrupción en áreas clave, la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires en septiembre, la aceleración de la crisis económica y la proximidad de nuevas elecciones alimentan un clima de fragilidad política.
Mientras se desarrollaba la sesión, una masiva movilización de trabajadores de la salud y de la comunidad universitaria se congregó frente al Congreso. La llamada Tercera Marcha Universitaria se manifestó en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno y en respaldo a las leyes que finalmente fueron defendidas por los legisladores.
Este traspié legislativo revela la creciente debilidad del Ejecutivo, que pierde margen de maniobra frente a una sociedad movilizada y un Parlamento dispuesto a marcar límites. La capacidad de Milei para gobernar por decreto se ve cada vez más cuestionada, mientras el Congreso reafirma su rol como contrapeso del poder presidencial.