El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad ha vuelto a instalarse en la agenda pública como una respuesta mágica ante la inseguridad, pero un análisis profundo sugiere que se trata de un camino que conduce a un callejón sin salida.
La propuesta del Gobierno de permitir que adolescentes desde los 13 años sean juzgados como adultos bajo el lema «el que las hace, las paga» busca sintonizar con el hartazgo social, aunque los datos revelan una realidad muy distinta a la que se percibe en los titulares.
Si bien los defensores del proyecto sostienen que la ley actual fomenta que las bandas criminales recluten menores debido a su supuesta impunidad, las estadísticas oficiales de la Procuración y del Ministerio de Justicia indican que los delitos graves cometidos por menores de 16 años representan menos del 1% del total de los hechos delictivos en el país.
En este sentido, reducir la edad de imputabilidad no atacaría el grueso de la delincuencia, sino que sobrecargaría un sistema penal ya colapsado con niños que, en su gran mayoría, provienen de entornos de extrema vulnerabilidad.
La experiencia histórica y la evidencia empírica en otros países demuestran que el endurecimiento de las penas para adolescentes no reduce la criminalidad; por el contrario, suele agravarla. El sistema penitenciario actual dista mucho de ser un espacio de resocialización, funcionando más bien como una «universidad del delito» donde la tasa de reincidencia de menores que pasan por el encierro roza el 65%.
Al encerrar a un niño de 13 años, el Estado no está previniendo un delito futuro, sino que está profesionalizando a un sujeto que probablemente saldrá de la institución con menos herramientas sociales y más vínculos con el crimen organizado de los que tenía al entrar.
En lugar de invertir en prevención, educación y programas de salud mental para abordar las causas raíz —como la deserción escolar que afecta a la mitad de los jóvenes detenidos—, esta propuesta se limita a ofrecer una celda como única solución. Bajar la edad de imputabilidad es, en última instancia, una confesión de derrota por parte de un Estado que prefiere castigar antes que garantizar derechos básicos.
La seguridad real no se construye con más rejas para los más chicos, sino con una presencia estatal que llegue antes de que el delito sea la única opción.
Frente a este escenario, cabe preguntarse: ¿Cree usted que enviar a un niño de 13 años a una cárcel sobrepoblada hará que nuestras calles sean más seguras mañana, o solo estamos alimentando un círculo vicioso de violencia que volverá a golpearnos con más fuerza en el futuro?