La administración de Javier Milei no solo está ejecutando un ajuste económico sin precedentes, sino que parece haber diseñado una arquitectura de exclusión que golpea con especial saña a las mujeres y diversidades.
Bajo la narrativa de la «sostenibilidad» y la «libertad», lo que se observa en los presupuestos de 2025 y las proyecciones para 2026 es un vaciamiento sistemático de las políticas de cuidado, salud y protección contra las violencias.
Mientras el Gobierno se jacta de reducir el déficit, la realidad muestra que este equilibrio fiscal se financia, en gran medida, con el recorte del 41,7% en la Moratoria Previsional y la licuación de las Pensiones para Madres de 7 o más hijos.
La estrategia oficial es transparente en su cinismo: se desfinancian los programas que promueven la autonomía económica —como Registradas o Potenciar Trabajo, virtualmente eliminados— para concentrar los recursos en la Asignación Universal por Hijo y el Plan 1000 Días.
Este movimiento no es azaroso; busca reducir el rol de la mujer al de mera receptora de asistencia por su función reproductiva, destruyendo cualquier puente hacia el mercado laboral formal.
La crueldad del ajuste se manifiesta de forma alarmante en el área de seguridad y salud. El conjunto de programas destinados a proteger a víctimas de violencia de género sufrió un recorte global del 86,5%, una cifra que se traduce en abandono estatal puro. La caída del 90% en la asistencia de la Línea 144 durante 2025 no es un indicador de «menos violencia», sino del colapso de un sistema que ha dejado de responder.
En materia de salud, el panorama es oscurantista: la Educación Sexual Integral (ESI) fue borrada del mapa con una caída del 98% en su presupuesto, y durante 2025 no se distribuyó ni un solo preservativo bajo el programa de respuesta al VIH. Este desamparo se complementa con la paralización total de la obra pública, que eliminó de cuajo la construcción de jardines de infantes y centros de cuidado, devolviendo la carga total de las tareas reproductivas al ámbito privado y doméstico, donde recae mayoritariamente sobre las mujeres.
Finalmente, la reforma laboral de Milei termina de cerrar el círculo de la precarización con tintes de género. Es un insulto a la lógica que el Gobierno vete moratorias previsionales por «falta de fondos» mientras crea un Fondo de Asistencia Laboral que le cuesta al sistema previsional 4,6 veces más que aquello que se negó a las jubiladas.
La reforma no solo extiende el periodo de prueba para trabajadoras de casas particulares a seis meses, sino que elimina el derecho a reclamar la nulidad del despido por embarazo y deroga la Ley de Teletrabajo, quitando el único reconocimiento legal a las tareas de cuidado.
Al habilitar bancos de horas que destruyen la planificación familiar y debilitar la negociación colectiva, el Estado argentino está enviando un mensaje inequívoco: en la nueva Argentina, el costo del ajuste lo pagan quienes históricamente han sostenido la vida con su trabajo no remunerado y su vulnerabilidad.