La Cámara de Diputados de la Nación volvió a convertir al Congreso en un escenario de respuestas efectistas para problemas complejos. Ayer, tras una sesión marcada por la retórica del castigo, el oficialismo y sus aliados lograron darle media sanción al proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, bajo la premisa de que “a delito de adulto, pena de adulto”.
Sin embargo, el análisis desapasionado de los datos arroja una realidad que la política prefiere ignorar en su afán de capitalizar el malestar social: la participación de menores de 16 años en delitos graves, aquellos que conmocionan a la opinión pública, representa menos del 2% del total de los crímenes registrados en la Argentina.
Esta desproporción entre la magnitud del problema y la radicalidad de la solución legislativa invita a una reflexión necesaria sobre la eficacia de estas normas. ¿Es la cárcel para adolescentes la verdadera respuesta a la inseguridad o se trata simplemente de un calmante social que no ataca la raíz del conflicto?
Diversos informes de organismos internacionales y estadísticas judiciales coinciden en que la incidencia delictiva juvenil en hechos de sangre es marginal, lo que desnuda que el endurecimiento penal para chicos de 14 años opera más como un gesto de «populismo punitivo» que como una herramienta de prevención real.
Mientras el debate se centraba en las rejas, quedaron en un segundo plano las cifras que muestran la deserción escolar, la falta de políticas de salud mental y el avance del narcotráfico sobre los barrios más vulnerables, donde los niños son el último eslabón de una cadena de mando adulta que el sistema rara vez alcanza.
Al lector, que convive con el miedo diario a ser víctima de un robo, se le plantea una disyuntiva ética y técnica fundamental. ¿Está usted de acuerdo con una normativa que, según los especialistas, no reducirá el índice de criminalidad general debido a la bajísima incidencia estadística de este grupo etario? ¿Confía en que un sistema penitenciario ya colapsado y con nula capacidad de reinserción podrá transformar a un joven de 14 años, o estamos simplemente institucionalizando la delincuencia temprana?
La aprobación de ayer parece responder más a la necesidad de mostrar firmeza que a la voluntad de solucionar el drama de la violencia urbana, dejando abierta la pregunta de si, al bajar la edad, estamos protegiendo a la sociedad o simplemente renunciando a la posibilidad de recuperar a esos menores antes de que el propio sistema los termine de devorar.