Lo sucedido recientemente con la Policía de Santa Fe no es un hecho aislado, sino la erupción de un malestar que lleva décadas gestándose, pero que ha encontrado su punto de mayor asfixia en el último año.
Detrás de los patrulleros y los operativos de control, se esconde una realidad salarial que ha sufrido un deterioro marcado desde la llegada de Javier Milei al poder.
La política de ajuste y la desregulación de precios han pulverizado el poder adquisitivo de los agentes, empujando a quienes deben protegernos a una situación de vulnerabilidad económica extrema que ya no se puede ocultar con retórica oficialista.
Tanto en la policía provincial como en la Policía Federal Argentina, el sueldo básico ha quedado totalmente rezagado frente a una inflación que no da tregua, normalizando el fenómeno del pluriempleo como única vía de supervivencia.
Muchos efectivos terminan sus agotadoras guardias para seguir trabajando en servicios adicionales, custodias privadas o incluso en oficios informales como choferes de aplicaciones o albañilería. Esta sobrecarga física y mental no solo deteriora la salud del oficial, sino que afecta directamente la calidad de la seguridad pública: un policía agotado y angustiado por no poder pagar el alquiler es un eslabón débil en la lucha contra el delito.
La desesperación tiene rostros concretos y nos remite al impactante reclamo del efectivo de la Policía Federal que decidió esposarse a las rejas de la Casa de Gobierno. Ese acto, cargado de simbolismo y riesgo para su propia carrera, fue un grito de auxilio ante la imposibilidad de ser escuchado por las vías jerárquicas tradicionales en un contexto donde el dinero ya no alcanza para lo básico. Fue el síntoma de un sistema que exige disciplina de hierro pero ofrece, a cambio, una retribución que ha caído en picada bajo la actual gestión económica.
Uno de los puntos más polémicos en Argentina es la imposibilidad de sindicalización para las fuerzas de seguridad. Actualmente, la justicia mantiene un impedimento que muchos consideran injusto y anacrónico, bajo el argumento de que un gremio afectaría la verticalidad del mando. Sin embargo, en el escenario actual de ajuste, esta prohibición deja a los policías a merced de aumentos por decreto que siempre corren de atrás a los precios, sin una mesa de negociación colectiva que defienda su dignidad laboral.
La idea de que una policía sindicalizada es sinónimo de caos se desmorona al mirar el ejemplo de Uruguay. Allí, el sindicato policial es una institución consolidada que demuestra que es perfectamente posible mantener la disciplina operativa y el respeto a la jerarquía mientras se garantizan los derechos laborales de los trabajadores.
La situación en Santa Fe es un recordatorio urgente de que la seguridad pública no se garantiza solo con mano dura, sino dignificando a quienes portan el uniforme, una deuda que se ha profundizado drásticamente en los últimos meses.