El Gobierno Nacional consumó esta semana la desregulación total del mercado yerbatero con la publicación del Decreto 812/2025. La medida, que ordena al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no interferir en la fijación de precios, ha sido catalogada por los productores como su «partida de defunción», ya que consolida la desigualdad de precios y pronostica una nueva ola de aumentos para el consumidor final.
La disposición, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, elimina la facultad del INYM de regular el precio de la materia prima. Sturzenegger celebró la decisión argumentando que el ente público se usó para «cartelizar un mercado». Sin embargo, la realidad que golpea al sector primario es dramática: la industria molinera impondrá sus condiciones a los 12.500 pequeños productores. A pesar de que la desregulación supuestamente buscaba estabilizar los valores, la yerba en las góndolas no deja de subir.
Actualmente, el paquete de medio kilo ya oscila entre $1.500 y $2.500, mientras que el de kilo se vende entre $2.800 y $4.000. Jonas Petterson, productor misionero, advirtió que, si bien el valor de la materia prima para ellos se desplomó en los últimos dos años, «el paquete continuó subiendo en los mostradores y, esta vez, ocurrirá lo mismo».
La gran paradoja del mercado yerbatero es la brecha abismal entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor, un margen que engrosa la ganancia de la industria fraccionadora. Mientras que el valor justo de la hoja verde debería rondar los $428 por kilo, los productores hoy solo reciben cerca de $250. A esto se suma que los pagos se realizan con diferimientos de más de 90 días. «Esa caída [de precios] se explica, en parte, por los costos menores que están teniendo los industriales. Hoy deberían pagarles, según los productores, 428 pesos el kilo de la hoja verde, pero les están abonando 250 pesos, y con pagos diferidos», explicó Guido Bambini, investigador del CEPA.
El decreto 812/2025 es visto por los trabajadores rurales como un mal manejo del Estado que solo favorece a los grandes jugadores. La medida no solo elimina la capacidad de negociación de los productores, sino que, además, les quita herramientas de defensa. «Esta última medida nos pone en una situación de inferioridad, al tener que negociar con empresas que dominan el mercado. Es la partida de defunción de 12.500 pequeños productores», sentenció Petterson.
El dirigente señaló otra grave decisión estatal: se le da a la industria la posibilidad de importar yerba sin ningún tipo de control de calidad, debilitando aún más la demanda interna para la producción nacional. Ante este panorama de desamparo y crisis, los productores yerbateros, liderados por referentes como Luis Andrusyzsyn, analizan llevar a cabo medidas de fuerza, incluyendo protestas en rutas y un viaje a Buenos Aires, buscando revertir una política que consideran destructiva para la economía regional.