Ahora se conoció, en las últimas horas, La cúpula de Acerías Berisso S.A., conformada, según los trabajadores, por los socios ELIANA CRISTINA REPICKY, NICOLÁS DEMETRIO DUDIUK y RICARDO HORACIO GEROSA, ordenó el despido masivo e ilegal de más de 40 operarios en el preciso momento en que una Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo garantizaba la paz social y prohibía las cesantías.
El rostro de la crueldad y la desobediencia parece tener nombre, apellido y varias empresas; ya que RICARDO HORACIO GEROSA, quien preside la Acería, también ostenta un amplio poder, ya que según los registros societarios, Gerosa figura como socio o propietario en una red de empresas que incluye: WOLFAST SRL, FUNKTRONIC SRL, FUERTE FUNDO SRL y LASTRUND SRL. Esta concentración de poder contrasta con la vulnerabilidad a la que el mismo empresario condena a las más de 40 familias.
Los telegramas de despido, alegan «graves incumplimientos» y un supuesto «bloqueo absoluto de las actividades», en un intento descarado de criminalizar a los trabajadores. La versión oficial, impulsada por los socios, es desmantelada categóricamente por la voz del obrero:
«El portón que saltamos no existe y no saltamos. Ni forzamos nada ni siquiera impedimos la producción,» afirmó uno de los afectados, en un descargo que emociona y revela la verdad. «Nos sentamos a laburar en nuestros puestos a la falta de esclarecer nuestra situación debidamente. Entramos por el ingreso del costado de la fábrica. Nos presentamos normalmente a trabajar ante el incumplimiento de notificarnos.»
El accionar de Gerosa, Dudiuk y Repicky es una afrenta a la Ley de Contrato de Trabajo y a los mecanismos de diálogo. Al violar la Conciliación Obligatoria, han incurrido en una falta gravísima que, según el derecho laboral, expone a Acerías Beriso S.A. a la nulidad de los 40 despidos, a la obligación de reincorporar inmediatamente a todo el personal, y al pago de los salarios caídos desde la fecha de los telegramas.
«El costo de la insensibilidad empresarial, ésta vez, debería recaer sobre las ganancias de los dueños, si es que la justicia actúa con celeridad. La clase obrera exige que el poder económico no esté por encima de la ley ni de la dignidad de sus trabajadores» expresaron desde el gremio UOM.