El Gobierno del presidente Javier Milei sufrió hoy un nuevo y contundente revés en la Cámara de Diputados, evidenciando que su estrategia de gobernar por decreto y en minoría está chocando contra los límites infranqueables de la institucionalidad. La media sanción a la modificación de la Ley de DNU, aunque incompleta, es un jaque legislativo que desnuda la fragilidad política de La Libertad Avanza (LLA) y pone en seria duda la estabilidad de su proyecto.
La oposición, con Unión por la Patria a la cabeza y el respaldo de sectores no oficialistas de la UCR y la Coalición Cívica, logró el número necesario para avanzar con una norma que busca reencauzar la «gobernabilidad» al limitar drásticamente el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia. En la práctica, el Congreso le está enviando un mensaje ineludible al Ejecutivo: la lapicera no reemplaza la política.
Frente a esta derrota parlamentaria, el oficialismo eligió el camino de la victimización y la descalificación, tildando el proyecto de «golpista,» «desestabilizante» y «destituyente». Una retórica extrema que, según analistas, busca desviar la atención de la incapacidad del Gobierno para construir consensos mínimos.
El Ejecutivo, que llegó al poder enarbolando las banderas del cambio y el respeto a la Constitución, ahora parece dispuesto a demonizar a cualquier actor institucional (Congreso, Justicia, Universidades) que se interponga en su camino. «El Gobierno se desestabiliza solo cuando va contra las universidades, contra los jubilados, contra la discapacidad,» sentenció con dureza un legislador opositor, resumiendo el sentir de un amplio sector que observa con preocupación la confrontación permanente elegida por la Casa Rosada.
La discusión se centró en la Ley 26.122, que permite a los DNU regir a menos que ambas Cámaras los rechacen. La propuesta de la oposición, que obliga a que sean aprobados por ambas en un plazo de 90 días, pone un freno al abuso crónico de los decretos.
Aunque la falta de dos votos en un artículo clave obliga al proyecto a volver al Senado, el resultado de 140 a 80 en la votación general es un cachetazo político que Milei no puede ignorar. Indica que amplios bloques, incluidos socios «intermitentes» como el PRO y la UCR, ven con alarma la «vetocracia» y el uso discrecional de la herramienta presidencial. El temor de fondo es que la insistencia de Milei en ignorar al Congreso termine erosionando la seguridad jurídica y profundizando la crisis de representación política.
La soledad institucional del Gobierno es cada vez más palpable. La reciente derrota en Diputados, sumada a los fallos judiciales adversos, dibuja un panorama sombrío para un Ejecutivo que parece preferir el aislamiento y la confrontación ideológica a la ardua tarea de la negociación política. Con las Elecciones de 2025 en el horizonte, Milei se enfrenta al desafío de aprender a gobernar con las reglas de la democracia representativa, o arriesgarse a ver cómo sus planes se desintegran, decreto a decreto, en el laberinto del Congreso.