La violencia estatal volvió a teñir las calles de la Ciudad de Buenos Aires. En un acto de intimidación y represión, el gobierno de Javier Milei desplegó un desproporcionado cordón policial que reprimió brutalmente una movilización multisectorial que denunciaba el ajuste y los vetos presidenciales. El resultado de esta embestida del poder fue, hasta el momento, de al menos 25 manifestantes heridos, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
La protesta, que se desarrollaba en un día crucial para el debate de la Ley de Financiamiento Universitario en Diputados, se vio cercada desde temprano por un cerco policial que tenía como único objetivo silenciar la voz de la calle. A pesar de que la manifestación transcurría de manera pacífica, la orden de reprimir se hizo efectiva pasadas las cuatro de la tarde, cuando la policía avanzó con gases lacrimógenos, proyectiles de goma y un camión hidrante cargado con agua y productos químicos.
La brutalidad de la represión se ensañó con jubilados, docentes y estudiantes que protestaban por un futuro que el gobierno de Milei pretende arrebatarles. La CPM, que se hizo eco de la violencia policial, denunció que la Infantería actuó «a mansalva», disparando proyectiles de Byrna y lanzando gas pimienta a manifestantes que solo ejercían su legítimo derecho a la protesta.
El violento accionar de las fuerzas de seguridad del gobierno de Milei no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de criminalización de la protesta y de intolerancia a la disidencia. La brutalidad de la represión de hoy es una muestra de la verdadera cara de un gobierno que pretende acallar la voz de quienes se oponen a su plan de ajuste y entrega. La democracia, con sus pilares de libertad y de respeto a los derechos humanos, ha sido avasallada en una jornada que quedará marcada en la historia reciente como una muestra de la creciente autoritarismo del gobierno de Javier Milei.