PESIFICARIAN LAS TARIFAS DESPUÉS DE OCTUBRE

La cuestión tarifaria se ha convertido en uno de los grandes temas de agenda de esta campaña electoral. A pesar de la postergación de aumentos para después de octubre decretado por el Gobierno, es notable la dificultad para afrontar los servicios de luz y gas. Es por eso que la desdolarización de los precios de la energía va ganando consenso en la mayoría del arco político. La idea dejó de ser potestad del kirchnerismo y ahora también es aceptada por todos los sectores que acompañan la candidatura de Alberto Fernández y Roberto Lavagna.

De hecho, si bien al Gobierno le gusta presentarse como el garante del libre mercado, en el interior del equipo energético de Cambiemos son muchos los que sostienen la inviabilidad de este esquema. Entre ellos se destacan las filas radicales y algunos funcionarios de entes reguladores que vienen del riñón de Aranguren.

Cabe recordar que las empresas vinculadas con el rubro energético fueron de las mas beneficiadas por el modelo económico de Mauricio Macri. El tarifazo en la luz y gas impacto de manera directa en la sustentabilidad de Pymes y comercios. A partir de las privatizaciones del servicio en los años 90, el presidente Carlos Menem permitió la dolarizacion de tarifas para asegurarle rentabilidad a los nuevos inversores. Durante el kirchnerismo, para compensar el desfasaje se les otorgo una compensación mediante un sistema de subsidios por parte del estado. Desde algunos sectores políticos impulsan una revisión de estos contratos, ya que estamos hablando de servicios públicos escenciales. Los mas moderados hablan de renegociar margenes de rentabilidad , en el otro extremo proponen la estatizacion de las mismas. Lo que esta claro, que este es otro fracaso del modelo de libre mercado prometido por el actual presidente.

El problema es que aún bajo un escenario optimista que no contemple un descontrol cambiario, la recomposición tarifaria que se necesita para respetar los precios en dólares después de las elecciones será monstruosa. El 29% anunciado en marzo que fue postergado hasta finalizar la campaña para el caso del gas. A esto se deberá sumar el costo financiero por haber congelado esta suba y el aumento correspondiente al segundo semestre de este año. A raíz de los niveles de inflación y de variación del tipo de cambio que estamos observando, se estima que no tendrá una incidencia menor.

De esta manera, el ajuste superaría cómodamente el 100% en diciembre sin contar la revisión que por ley se definirá en marzo del 2020, mientras que en el caso de la luz podría alcanzar el 60%.

Las empresas reconocen que «es muy difícil» que les concedan este aumento y comienzan a resignarse a este nuevo panorama de pesificación de precios. Tal es así que hasta empezaron a tender puentes con el peronismo.

Como se supo, hace unos días el titular de Pampa Energía Marcelo Mindlin se reunió con Alberto Fernández en su departamento, donde no presentó objeciones a ante la propuesta energética del Frente Todos.

Desde el peronismo sostienen que de llegar al Gobierno revisarán todas las tarifas y contratos, pero que hasta que no se ordene la macroeconomía no se podrá definir con precisión su proporción sobre los salarios. A priori, anticipan que en una primera etapa habrá que planificar un sistema de subsidios que a diferencia del aplicado en los mandatos de Néstor y Cristina, esté segmentado en términos de poder adquisitivo.

A su vez, pretenden llegar a un acuerdo con las empresas para definir costos con balances en mano, y en base a ello, fijar un determinado precio para el gas de boca de pozo, que sostienen que no deberá superar el equivalente a tres dólares el millón de BTU.