En plena escalada de llamados amenazantes, en las últimas horas se conocieron los resultados preliminares de una investigación que inició la policía en la localidad de Berisso con el objetivo de llegar al origen de las amenazas de bomba que sufrieron algunos establecimientos educativos durante las últimas jornadas.
Según las primeras conclusiones de este proceso, ayer a la tarde se logró dar con quien sería la persona que habría realizado los llamados telefónicos al 911. Las fuentes policiales indicaron que la principal sospechosa es una adolescente de 13 años quien, en base a los datos recabados, habría llamado en al menos dos ocasiones a la central de emergencias de la policía para avisar sobre la instalación de un artefacto explosivo en un colegio berissense.
Por eso ayer la policía procedió a la notificación del delito “intimidación pública” en el domicilio de la familia de la adolescente, aunque la chica no fue demorada.
Otro de los datos que dieron a conocer los investigadores es que la adolescente es alumna de la escuela secundaria que recibió la amenaza de bomba, la Media Nº1 de Berisso.
Sin brindar mayores detalles sobre el procedimiento seguido para dar con la sospechosa, fuentes polciales explicaron que la investigación se desarrolló “con apoyo de la institución educativa”.
Ahora la joven quedó vinculada a un delito que es excarcelable, pero la Provincia podría accionar contra la familia de la menor. Justamente, a mediados del año pasado, ante una ola de intimidaciones en colegios, el Ejecutivo provincial remarcó que promovería demandas por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos menores de edad que sean identificados como autores de amenazas de bombas a las escuelas.
“Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona”, se justificó, por entonces, desde el ministerio de Seguridad provincial.
En la Justicia platense se acumulan por estos días las causas por esta problemática, debido a que ante cada falso alerta al 911 los directores de las escuelas están obligados a radicar la denuncia penal.
“Se cambió el protocolo y eso implica que después de cada amenaza de bomba los directores de las escuelas deben hacer la denuncia policial correspondiente para que intervenga la Justicia”, explicaron desde la cartera educativa provincial (ver aparte).
Por estas horas se está centralizando la información de los distintos expedientes que se formaron en diferentes fiscalías y los investigadores solicitaron peritajes telefónicos para dar con los autores de los llamados. Se confirmó que en su mayor parte los llamados fueron hechos desde celulares; se sospecha que los autores fueron menores de edad, pero aún deben identificarlos.
FUENTE DIARIO EL DIA