UN MOMENTO DE INFLEXIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS?
La declaración de la Emergencia en Adicciones dictada en diciembre de 2016 ha quedado en el olvido, y el panorama que se vislumbra tanto para las personas que requieren tratamiento como para las organizaciones sociales que prestan servicios de prevención y asistencia de las adicciones es extremadamente incierto.
El trabajo que desarrollamos en conjunto con la SEDRONAR en los dos últimos años ha quedado fuertemente condicionado por un desmedido recorte en los fondos asignados a los programas de tratamiento.
En las conversaciones que iniciamos a finales del año pasado con ese organismo, manifestamos la necesidad de recuperar progresivamente el valor de las prestaciones que venía arrastrando un fuerte deterioro.
La respuesta que obtuvimos en el mes de febrero de 2018 es un aumento del 10% en el valor de las prestaciones a partir del mes de abril, lo cual hace prácticamente imposible afrontar los costos que requiere el sostenimiento de los programas en un contexto económico marcado por un aumento sideral de las tarifas de los servicios básicos y un panorama inflacionario francamente preocupante.
De no modificarse esta propuesta, el escenario que se abre en las políticas públicas es extremadamente grave: las organizaciones sociales no podrán sostener la oferta de recursos que hoy apenas logra contener la demanda creciente de tratamientos especializados que recibe SEDRONAR; que a su vez se verá desbordada por la gran demanda no atendida que proviene de la provincia de Buenos Aires, que parece haber
desistido definitivamente de la idea de implementar una política pública en adicciones. (Para no abundar no describiremos aquí la situación crítica de la mayoría de las provincia del interior en materia de atención de las adicciones. No es difícil imaginar
cómo eso agrava la situación aún más)
Esto marca un punto de inflexión: en estas condiciones se promueve la creciente precarización de los servicios de atención a las adicciones, golpeando severamente a las organizaciones que cumplen con las normativas nacionales e internacionales, a la vez que se facilita -y fortalece- el desarrollo de pseudo programas de «tratamiento» que trabajan de manera ilegal y fuera de toda posibilidad de control por parte del Estado.
Sin olvidar que Argentina tiene el triste honor de ser el único país en el mundo donde ya no se permite la apertura de nuevos programas residenciales y los existentes serán obligados a cerrar sus puertas en 2020.
No es posible una política pública realmente eficaz sin las organizaciones de la sociedad civil. No es posible una política pública real sin los recursos adecuados. Lamentablemente las buenas intenciones no alcanzan.
COMISIÓN DIRECTIVA
FONGA