Una situación crítica de violencia de género y emergencia habitacional expone el contraste entre la realidad de los sectores más vulnerables de Berisso y el manejo de los recursos y salarios de la dirigencia política local. Según el testimonio brindado por Yesica, una vecina de 36 años, en el programa Infoberisso por Radio Sur 105.1, ella y sus cuatro hijos serán desalojados este próximo domingo sin contar con una alternativa habitacional, tras meses de reclamos sin respuesta ante las autoridades municipales.

De acuerdo con las declaraciones textuales de la mujer en la emisora radial, el conflicto se desató tras sobrevivir a un ataque mortal por parte de su expareja, quien recientemente recuperó la libertad bajo arresto domiciliario en las inmediaciones de su vivienda. «Fui víctima de un intento de homicidio por parte de mi expareja que terminó detenido… Ahora salió con domiciliaria y la situación es muy tensa ya que prometió vengarse y está a pocos metros de donde yo alquilo», relató Yesica al aire. Según denunció, ya le rompieron una puerta y mantiene un acoso permanente: «Además del temor constante con el que vivo yo y mis cuatro hijos —yo no duermo en la noche—, la propietaria, por temor a más destrozos, me pidió que este domingo deje, sí o sí, la casa».

Tras perder sus bienes y su estabilidad laboral a raíz de esta situación, la mujer subsiste vendiendo pan casero y asegura haber agotado todas las instancias administrativas sin éxito. «Yo vengo pidiendo hace meses una ayuda, yo no tengo trabajo, vendo pan casero para mantenernos, lo he perdido todo con esta situación. Pedí ayuda en todos lados: al intendente, en Acción Social, en Derechos Humanos, en todos lados, pero la respuesta siempre es negativa», afirmó en la entrevista. Respecto a las recientes adjudicaciones de viviendas en el distrito, cuestionó los criterios aplicados por los funcionarios: «Hoy fui a la oficina de Hábitat porque llegaron casas y me dijeron que esas eran para gente en situaciones extremas. ¿Qué más extremo que esto? No lo entiendo, me hablan de puntajes cuando me voy a quedar en la calle con mis hijos». Asimismo, denunció que la asistencia básica también le fue restringida bajo argumentos administrativos: «Fui por una bolsa de alimentos y me dijeron que no porque hacía menos de 15 días me habían dado».

El cuadro descrito por la vecina incluye el deterioro físico y emocional de sus hijos, quienes duermen sobre colchones en el suelo y entre los cuales el más pequeño padece descalcificación. En uno de los pasajes más crudos de su relato radial, Yesica reprodujo las palabras de su hijo menor frente al miedo que atraviesan: «Ayer me dijo: ‘Antes que nos mate prefiero morirme ya'». Ante la imposibilidad de afrontar un nuevo contrato por su cuenta, la mujer aclaró el alcance de su pedido al Estado: «Yo no quiero que me mantengan, quiero que me ayuden a salir de esta situación porque no doy más. Visto que las casas es imposible, conseguir un alquiler en otro lado me piden 250 mil. No quiero que me lo paguen todos los meses, pero ahora ya no los tengo; si me dan o me prestan eso al menos para hacer algo fundamental: no quedarme sin techo y en la calle este domingo».

La falta de respuesta oficial ante este pedido de 250 mil pesos ha generado fuertes cuestionamientos en ámbitos vecinales y críticos de la gestión local, quienes contraponen esa cifra con las remuneraciones de la planta política y las inversiones impulsadas por el Ejecutivo. Según datos difundidos en estos reclamos, el intendente Fabián Cagliardi percibe un salario bruto superior a los 20 millones de pesos, lo que sitúa el monto solicitado por la vecina en torno al 1% de sus haberes mensuales. De manera similar, se señala que los concejales perciben más de 6 millones de pesos y los funcionarios municipales promedian los 4 millones; bajo esa escala, cubrir la emergencia habitacional de la familia equivaldría a un aporte de aproximadamente 15 mil pesos por cada edil del Concejo Deliberante.

A las críticas por la escala salarial se suman los señalamientos sobre el destino de los fondos públicos y la agenda de gestión del intendente Cagliardi. En intervenciones públicas anteriores, el mandatario reconoció que la comuna aporta recursos económicos a un sector privado —sin precisar públicamente la identidad de los beneficiarios ni las condiciones de devolución del dinero— para reactivar la Clínica Mosconi, un emprendimiento privado de salud que proyecta financiarse mediante la capitación de afiliados del PAMI. A esto se añaden los anuncios del jefe comunal sobre gestiones para atraer cruceros y fomentar la construcción de infraestructura hotelera privada destinada al turismo en Berisso.

En paralelo, sectores de la comunidad han expresado su malestar por la desconexión entre la actividad pública de los representantes legislativos y las urgencias sociales del distrito, apuntando contra la exhibición de reuniones y comidas en redes sociales —como las publicaciones difundidas por el concejal libertario Mena compartiendo asados— frente a la ausencia de soluciones concretas para los vecinos en riesgo de calle. Mientras el debate sobre las prioridades presupuestarias y salariales continúa, Yesica y sus cuatro hijos aguardan sin haber recibido siquiera un llamado oficial, a pocas horas de que se concrete el desalojo este domingo.

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