La contaminación ambiental en el entorno del Polo Petroquímico de Berisso y Ensenada volvió a quedar en el centro de la escena judicial, luego de que YPF reconociera en sus estados financieros la existencia de reclamos que podrían derivar en millonarias obligaciones económicas, en el marco de una causa iniciada por vecinos de la zona hace más de dos décadas y que actualmente se encuentra a la espera de una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El conflicto se centra en los presuntos efectos de la actividad industrial sobre el aire, el agua, el suelo y la salud de los habitantes que residen cerca de la Refinería La Plata. En uno de los expedientes, la Justicia Federal dio por acreditada la existencia de daño ambiental y ordenó avanzar con su recomposición, una decisión que fue ratificada en segunda instancia durante 2024.
La causa más destacada tuvo su inicio en 1999, cuando tres vecinos del barrio El Dique, en Ensenada, demandaron a la petrolera por la contaminación del Canal Lateral Oeste, un curso de agua que corre junto al predio industrial y se conecta con otros arroyos de la región. La demanda no solo solicitó compensaciones económicas, sino también la interrupción del vertido contaminante y la reparación integral del entorno afectado.
A lo largo del proceso judicial se llevaron a cabo distintos estudios técnicos para determinar el origen de los hidrocarburos detectados en los sedimentos. En 2021, una investigación privada presentada por YPF concluyó que entre el 88% y el 91% de los materiales se habían depositado antes de 1991, argumento con el cual la petrolera planteó la responsabilidad compartida del Estado Nacional en función de las condiciones fijadas durante la privatización de la empresa.
Sin embargo, en febrero de 2022 la Justicia notificó a la compañía un fallo de primera instancia que dio por probado el daño ambiental y ordenó su cese y remediación, atribuyendo responsabilidades a YPF, al Estado Nacional y a otras firmas petroquímicas. La resolución fijó la obligación de presentar planes para modificar procesos productivos y reparar las zonas impactadas. Tras la apelación de las partes demandadas, la Cámara Federal de La Plata confirmó dicha condena en agosto de 2024, lo que motivó la presentación de un recurso extraordinario ante el Máximo Tribunal.
Según los balances financieros presentados por la empresa, la Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo. En tanto, si bien existen reclamos de pobladores por afecciones de salud presuntamente asociadas a la actividad del complejo, las decisiones judiciales ratificadas hasta el momento se concentran específicamente en el daño ambiental detectado en los canales, cuya recomposición dependerá de la definición final de la Justicia.