A partir del próximo 1 de septiembre, viajar en transporte público volverá a ser un dolor de cabeza para miles de trabajadores y estudiantes del Gran La Plata y el Área Metropolitana de Buenos Aires. Con la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario, el pasaje mínimo de colectivo en la región (tramo de 0 a 3 kilómetros) sufrirá un nuevo ajuste y escalará a $1.268,20 para quienes utilicen la tarjeta SUBE registrada. El incremento no solo refuerza la constante pérdida del poder adquisitivo en la vida cotidiana, sino que expone la profundidad del ajuste sistemático que lleva adelante el gobierno nacional.
Para entender la magnitud del impacto, basta con repasar los números: en diciembre de 2023, antes del desembarco del proyecto económico de Javier Milei, el costo del boleto mínimo en el Gran La Plata era de $52,96. Con este nuevo piso que supera los $1.268 a partir de septiembre, la tarifa habrá experimentado un incremento descomunal superior al 2.290%. En términos concretos, el valor de la tarifa se habrá multiplicado por más de 23 veces en un período alarmantemente corto, convirtiendo al transporte público —un derecho básico e indispensable para la movilidad urbana— en un verdadero privilegio.
Detrás de este salto exponencial no hay casualidad, sino una clara decisión de política económica. Bajo el mandato de Javier Milei, el Ejecutivo nacional optó por encarar un retiro acelerado y agresivo de los subsidios estatales destinados al transporte interurbano y de jurisdicción nacional, trasladando de manera directa y casi íntegra los costos operativos a las tarifas que pagan los usuarios. Esta política del «sálvese quien pueda», escudada bajo la premisa de alcanzar el déficit cero y la desregulación total de los servicios públicos, descarga sobre las espaldas de la clase trabajadora un gasto mensual que resulta sofocante frente a salarios que corren muy por detrás de la inflación.
La situación se torna aún más crítica para aquellos usuarios golpeados por la burocracia o la imposibilidad de nominalizar su plástico: quienes viajen con la tarjeta SUBE sin registrar pagarán un boleto mínimo exorbitante de $2.536,39. Con salarios reales estancados y un costo de vida que no da tregua, el constante aumento del pasaje impuesto como parte del programa de ajuste oficial amenaza con seguir restringiendo la circulación, el trabajo y la calidad de vida de las familias de la región.