El conflicto por la implementación del nuevo régimen de licencias profesionales sumó un fuerte rechazo en la región capital, donde las distintas agrupaciones de choferes y propietarios de taxis se unieron para exigir la suspensión inmediata de la medida.
En Berisso, la Asociación de Taxis local encendió las alarmas e integró el frente común junto a las entidades de La Plata y Ensenada para elevar un reclamo formal ante el intendente Fabián Cagliardi, como así también a sus pares Julio Alak y Mario Secco, al Concejo Deliberante y a Defensa del Consumidor. La principal bronca del sector berissense y de las localidades vecinas radica en el desmedido incremento económico para renovar el registro de conducir, el cual sufrió un salto drástico desde aproximadamente 22.000 pesos hasta alcanzar un monto cercano a los 300.000 pesos.
Desde la comunidad de taxistas de Berisso advierten que este ajuste impacta de lleno en la economía de las familias de la ciudad que dependen exclusivamente del servicio de transporte para subsistir diariamente. Las organizaciones firmantes, entre las que destacan la Asociación de Taxis de Berisso, UPAT, CATA, Taxistas Unidos La Plata, A.C.T. 7 y 51, APT, el Sindicato Calle 43 y la entidad de Ensenada, denunciaron que la normativa fue implementada de manera arbitraria y sin una consulta previa a los trabajadores. En el documento presentado manifestaron que el esquema vigente funciona como un mecanismo meramente recaudatorio que vulnera la estabilidad laboral y asfixia a la actividad en un contexto económico sensible.
El nuevo esquema para las licencias profesionales C, D y E destinadas al transporte interjurisdiccional comenzó a regir a principios de julio y obliga a realizar los psicofísicos, cursos de capacitación y exámenes teóricos en prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta exigencia suma un gasto de 175.000 pesos por el examen médico y otros 119.000 pesos por el curso del Instituto de Servicios Integrales para el Transporte. Aunque la Provincia de Buenos Aires otorgó una prórroga de 60 días para los vencimientos alcanzados, los conductores berissenses insisten en que la norma es inaplicable para la realidad local y solicitan frenar el régimen definitivamente para conformar una mesa de diálogo que permita buscar alternativas viables para el sector.