Un documento al que accedió este diario revela, paso a paso, cómo se ideó la campaña para atacar a los obreros y buscar el cierre del ARS. Para crear un “enemigo interno” armaron causas judiciales y desataron una feroz campaña mediática.
Parece un “manual de guerra”. Revela cómo, paso a paso, los funcionarios de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri planificaron el ataque a 3.300 trabajadores y sus familias.
“Mostrar el mal”, “construir el enemigo”, “estamos dando pelea contra las mafias que temen perder sus privilegios”, “denunciar hechos ilícitos”, “denunciar discursos que atenten contra el orden democrático”. Con esos términos los CEO de Cambiemos preparan el terreno para su objetivo: atacar a los trabajadores del Astillero Río Santiago, su trabajo y sus conquistas laborales… “si se descarta el cierre del mismo”.
O sea que el cierre del Astillero Río Santiago, que ocupa a 3.300 trabajadores, es una de las opciones del gobierno Macri y Vidal.
Después de haberlo escuchado al presidente hablar de “dinamitar el Astillero”, uno no debería sorprenderse. Pero el plan, pormenorizado, detallado, premeditado, de atacar a los trabajadores por todas las vías posibles, no deja de sorprender. E indignar.
Según el documento, al que accedió La Izquierda Diario a través de una fuente ministerial (que ve en este plan un intento de desguace de lo que queda de la industria naval y la soberanía nacional) el Gobierno diseñó para su guerra contra los trabajadores lo que llamó una “Agenda Integral”. La misma tiene tres etapas: junio/julio, agosto/septiembre y “septiembre en adelante”.
Pero los “comandantes” de Macri fueron muy precisos, así que cada etapa a su vez contempla una “agenda económica”, otra “agenda judicial” y otra “agenda pública”.
La «agenda económica»: ataque a los derechos y conquistas laborales
La primera hoja resume el plan de guerra. Habla de la agenda económica, e irá atacando, paso a paso, distintos derechos y conquistas de los trabajadores: su comedor, las vacaciones, partes del sueldo, jubilaciones y los “dispensados”. Luego continuará con la nocturnidad y las licencias gremiales, hasta llegar a los despidos. Primero 143, luego 600, “si se descarta la opción del cierre”.
Luego irá describiendo, con lujo de detalles, cada una de esas medidas y cuánto «ahorro» le generará a los CEO. La tercera etapa describe en qué consistirá la “reducción de personal (si es descartada la opción de cierre)”. Allí propone desvincular 765 trabajadores solo en 2018. Y calcula cuánto costarán las desvinculaciones y cuál será el “ahorro anualizado”.
La «agenda judicial»: festival de denuncias penales
La agenda judicial/legal, como la llaman, analiza los ataques que irán realizando. No solo contra gestiones anteriores del ARS, sino contra los trabajadores y ATE Ensenada.
Allí recomienda “proactividad para recepción e investigación de posibles ilícitos”. Luego recomendará una serie de “denuncias penales de hechos ilícitos”. Entre ellos “amenazas” de trabajadores a directivos, así como “discursos que atenten contra el orden democrático”. Como “prueba” cita un discurso donde se habló de “echar al presidente y la gobernadora”.
¿En qué figura legal entraría la frase del presidente de “dinamitar el Astillero”?
Pero los CEO no andan con chiquitas. Entre los planes figuran la de presentar, en los Tribunales de Lomas de Zamora, una denuncia “por lavado de dinero y asociación ilícita” contra los delegados y el sindicato.
La «agenda pública»: ajustando con la Corpo
La “agenda pública” podemos decir que la hemos visto en marcha en los últimos meses. Ahora podemos entender el informe en el programa de Jorge Lanata y las denuncias mediáticas de las últimas semanas. El título del bloque de aquel programa del 29 de julio por Canal 13 se llamaba #MirenDondeAjustar. Pero no lo sugiere el paper, seguro fue una ocurrencia periodística del hombre de la Corpo luego de leerlo.
Los temas son los mismos: atacan derechos laborales o conquistas de los trabajadores, o funciones del gremio. El asunto es cómo las palabras que escuchamos en los medios del Grupo Clarín y otros oficialistas, empiezan a repetirse en el paper oficial, mezcladas con consejos.
“Visualizar el problema, mostrar el mal” aconsejan los CEO. “Construcción del enemigo. Estas acciones nos permiten crear el perfil de la mafia que queremos combatir y justificar las medidas que tomemos”. Crear: o sea que la imagen que muestran de los trabajadores del Astillero es una creación. No la realidad.
El perfil, caro al lenguaje de campaña de Vidal, sería el de una “mafia”. Esa creación justificaría “las medidas que tomemos”. Entre las que no se descarta, como vimos, “el cierre”. Si no ha estado Durán Barba al frente de este paper, se ve que va haciendo escuela entre las tropas bonaerenses de Cambiemos.
Allí recomienda, ya desde la primera etapa pero en “OFF” (o sea por abajo, en secreto), el “envío a la prensa de un informe para continuar mostrando el mal”. Además asegura que “los aprietes e intimidaciones muestran contra quiénes estamos dando pelea: mafias que temen perder sus privilegios”.
Así se entienden mejor las provocaciones del Gobierno. Ante el reclamo obrero de recibir insumos para seguir trabajando, o de cobrar integralmente sus haberes, la gestión en los últimos meses ha provocado todo tipo de conflictos mientras montaba su campaña pública. Como dice al final del informe: “estas acciones nos permiten seguir consolidando el perfil de enemigo”.
La verdadera agenda
Pero el informe está hecho solo para “justificar las medidas que tomemos”. Por eso oculta gran parte de la realidad.
Como vienen denunciando los trabajadores, en mayo el gobierno anunció la compra de cinco lanchas-patrullas israelíes por un costo de U$S 49 millones y cuatro buques de guerra franceses, uno de los cuales es usado, por 300 millones de euros, un verdadero despropósito cuando los trabajadores vienen afirmando que esas mismas embarcaciones podrían fabricarse a mitad de precio en el Astillero.
Los buques petroleros Eva Perón y Juana Azurduy podrían haberse terminado si no fuera porque Macri y Vidal bloquean la entrega de insumos. La entrega de esos barcos permitiría el ingreso de los millones de dólares de parte de su comprador, Venezuela.
De los diez años que ellos acusan de demora en la entrega, no hay uno solo por responsabilidad de sus trabajadores. En cambio, la gestión de Cambiemos ya lleva tres años y sigue paralizando su terminación por falta de insumos.
Además, siguen sin destrabar los créditos del Banco Provincia para la construcción de tres remolcadores bulk carrier, que también permitirían no solo que el Astillero siga en pleno funcionamiento, sino el ingreso de fondos y nuevos trabajos.
Pero la agenda económica, judicial y pública de Vidal no busca «un Astillero más productivo», sino atacar a los hombres y mujeres que lo han hecho funcionar durante décadas. El informe es solo una muestra más.
FUENTE LA IZQUIERDA DIARIO
Gracias por publicar la realidad, la verdadera operación siniestra que este gobierno tiene diseñada para los trabajadores. GRACIAS!!!!