En un giro que evidencia el peso del descontento ciudadano, el Gobierno Nacional finalmente tuvo que ceder ante la presión social y empresarial, reconociendo una millonaria deuda con el sector del transporte que mantenía los servicios al borde del colapso.

Tras semanas de sostener una postura de ajuste, la Secretaría de Transporte se vio obligada a capitular y efectivizar un anticipo del 60% de los subsidios correspondientes al mes de abril para frenar las medidas de fuerza.

Este escenario dejó en una posición incómoda a la administración central, ya que la crisis expuso una gestión de fondos dispar: mientras que la Provincia de Buenos Aires ha mantenido sus pagos al día y cumple con sus compromisos financieros, la Nación acumuló un rojo que oscila entre los $120.000 y $150.000 millones.

Esta falta de pago nacional fue el detonante de las bajas frecuencias y los paros en líneas como la 303, 333, 407, 437 y 707, que ahora comenzarán a normalizarse de manera gradual, más la baja de frecuencia del resto de las líneas.

Luciano Fusaro, titular de AAETA, confirmó que el reconocimiento de esta deuda por parte del Ejecutivo fue la llave para destrabar el conflicto de forma momentánea. El compromiso oficial de cancelar las sumas adeudadas en las próximas horas marca una derrota en la estrategia de contención de gastos del Gobierno, que no pudo sostener el pulso ante el riesgo de un paro total en el AMBA.

A partir de ahora, se abrirá una mesa técnica para rediscutir costos, pero con el antecedente de un Gobierno que debió retroceder frente a una Provincia de Buenos Aires que, a diferencia de la Nación, no registra deudas con el sistema.

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