Las empresas que prestan el servicio alimentario a los presos de las cárceles argentinas tienen problemas para armar los menúes por la inflación que golpea a los precios de las góndolas.
Pasaron más de 90 días desde que el Gobierno declaró la «emergencia penitenciaria» por tres años a raíz de la superpoblación de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Desde entonces no se observan mejoras en la alimentación de las personas privadas de la libertad.
Las empresas prestadoras del servicio manifestaron que la elevada deuda que el Servicio Penitenciario mantiene por servicios prestados, que asciende a más de 500 millones de pesos, hace imposible mejorar la calidad de las raciones que cada interno recibe diariamente y si no regularizan el pago corre serio riesgo la continuidad de los servicios .
La mayoría de las empresas implementaron un menú alternativo de emergencia para paliar la situación ya que les resulta imposible adquirir todos los insumos necesarios para cumplir con los menúes establecidos; por el permanente aumento de la materia prima y la imposibilidad de contar con el dinero para adquirir las mismas por la demora en los pagos. Además del problema alimentario, los reclusos están en su mayoría hacinados.
Al respecto, la Cámara del Crimen fue contundente mediante un fallo que denuncia la situación deplorable de las cárceles federales. En tres años, según datos oficiales, la cantidad de presos creció un 35 por ciento. “Lo más sincero sería hoy afirmar tras relevar tanta falencia que las cárceles no son aptas para la condición humana”, concluyó la Cámara.
El tribunal se pronunció así, ante el reclamo de presos alojados en la Unidad 28, que es la Alcaldía del Palacio de Tribunales. Se trata de una cárcel de tránsito en la que los detenidos deberían estar alojados algunas horas para cumplir con un trámite judicial -una indagatoria, una audiencia de juicio oral- y luego volver a su prisión.
La Constitución Nacional establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella”. Si bien ese derecho es violado hace años, la situación actual es de extrema gravedad y reconocida por las propias autoridades del Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
Fuente LPO imágenes Infobae