Se trata de la firma Harbour Energy, que se había formado en abril pasado mediante la fusión de Premier Oil y Chrysaor Holdings, para la explotación de Sea Lion en la cuenca norte de las islas.
La petrolera británica Harbour Energy decidió retirarse de la explotación hidrocarburífera de Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas, luego de que el Estado argentino anunciara en julio pasado sanciones y un proceso de inhabilitación por “exploración ilegal”.
La ley 26.659 establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, entre las cuales se encuentra la obligatoriedad de obtener permisos previos del Gobierno argentino. El incumplimiento puede derivar en sanciones que contemplan la inhabilitación por un período de 5 a 20 años, entre otras penalidades.
Harbur Energy, que se formó en abril pasado mediante la fusión de Premier Oil y Chrysaor Holdings, argumentó que Sea Lion “no se ajusta a su agenda estratégica”, al igual que otras explotaciones en las cuencas Ceará, en Brasil, y Burgos, en México
“Esto coincide con la estrategia de exploración del grupo, centrada principalmente en oportunidades de bajo riesgo y basadas en la infraestructura en áreas con una presencia existente de producción portuaria”, indicaron en un comunicado.
El alejamiento de Harbour provocó una caída de las acciones de otras empresas titulares de “licencias ilegales” en Sea Lion, como Argos Resources y también Rockhopper. Ante este escenario, las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas remarcaron que la firma Rockhopper ya inició conversaciones con la petrolera israelí Navitas Petroleum para seguir adelante con el proyecto.
Sin embargo, directivos de la compañía reconocieron la incidencia de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para contrarrestar la explotación no autorizada de recursos naturales. Las autoridades de la firma británica admitieron que quienes pretendan participar en tales actividades bajo distintas modalidades (socios en la industria, proveedores, financistas, etc.) enfrentan consecuencias legales de tipo administrativo y penal, además de la imposibilidad de participar en proyectos en el resto del territorio nacional, lo que sin dudas desalienta a potenciales interesados.
El julio pasado, el ahora ex Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y el Secretario de Energía, Darío Martínez, habían anunciado el inicio del proceso de inhabilitación contra diversas firmas que operan de forma ilegítima en la plataforma continental argentina. Una de ellas era Harbour Energy Plc., con sede en Reino Unido.
Esta no es la primera vez que el Gobierno argentino interviene con sanciones para hacer desistir a estas empresas de la explotación de recursos hidrocarburíferos argentinos, en el marco del reclamo de soberanía formulado sobre las Islas Malvinas.
En 2010, tras un decreto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que endurecía los controles a los buques que transitan las aguas nacionales, el gigante minero BHP Billiton se retiró de la zona tildando de «polémico» el programa petrolero de Malvinas y mencionó los problemas que tiene la zona por la disputa de soberanía.
En tanto, en 2012 fueron inhabilitadas cinco empresas que desarrollaban actividades vinculadas con la exploración ilegal en la plataforma continental disputada y en 2015 se declararon ilegales las actividades de las estadounidenses Noble Energy y Edison Internacional que finalmente se retiraron de la explotación en 2018.
Como resultado de la política seguida por el Estado, ninguna de las empresas petroleras a nivel global con sede en Argentina participaron en actividades en zonas en disputa.
Además, en respuesta a las gestiones realizadas, varias empresas del sector manifestaron no tener interés en participar mientras subsista dicha disputa (British Petroleum, la petrolera estatal india ONGC, Talisman Energy, Fugro-Geoteam AS y Anadarko).
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