A través de grupos de Whatsapp de personal policial se difunde un petitorio y la convocatoria a una movilización para el próximo jueves 11 de febrero, de similares características a la registrada en septiembre de 2020 y que concluyó con un incremento salarial del 28% a los uniformados. Desde el ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni hablan de «sublevados ilegalmente» y aseguran desconocer la protesta.
Las imágenes registradas el pasado septiembre 2020 que tenían a integrantes de la fuerza como protagonistas de un reclamo por mejoras salariales en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires volverían a registrarse el próximo jueves 11 de febrero.
Los uniformados marcharán nuevamente la semana próxima en reclamo de mejoras salariales, pero lo harán desde la Costa Argentina esperando replicarse por varios puntos Provincia. Los puntos de encuentro serán en Mar del Plata y Pinamar para luego expandirse por Ituzaingó, Almirante Brown, Morón, Merlo, Quilmes, San Miguel, Azul, Malvinas Argentinas, Pilar y José C. Paz. También en Avellaneda, Lomas de Zamora y Tres de Febrero.
Además, se supo que se irán sumando efectivos de la policía en distintas localidades del interior: La Plata y Berisso, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Necochea, Junín, Bahía Blanca, San Nicolás, Olavarría, Pehuajó y Tres Arroyos, entre otras.
Desde la fuerza señalan que la recomposición salarial otorgada por el gobernador Axel Kicillof tras las protestas, en torno al 28%, quedó por debajo de la inflación registrada. Entre los puntos del reclamo, se encuentran la «equiparación ‘urgente’, de sueldos con Policía de la Ciudad o en su defecto con Fuerzas de Seguridad Nacional (Gendarmería – Prefectura – PSA – PFA)» y el «aumento de las Horas CO.RE.S u Horas Prevencionales, no bajando el Cupo para los efectivos, pudiendo realizar cada efectivo hasta 100 Horas mensuales».
Además de solicitar «preparación física, académica y táctica», el reclamo incluirá que se contemple «la posibilidad del acceso a la vivienda digna para la totalidad del personal Policial».
Pero eso no es todo: también solicitan la creación por parte del gobierno provincial de dos hospitales policiales («similares al Hospital Churruca Visca de la Policía Federal»); el traslado de todos los detenidos alojados en Comisarías y Dependencias Policiales; la readecuación del destino de cada efectivo para no tener que cumplir funciones en un radio que exceda los 60KM desde su domicilio; reformas edilicias en todas las dependencias policiales; y hasta la «libertad de elegir obra social» más allá de IOMA.
Consultados por el portal Informe Político, desde el ministerio que conduce Sergio Berni negaron estar al tanto de un reclamo y remarcaron la «ilegalidad del mismo». «Lo del 2020 fueron 1500 efectivos que se sublevaron ilegalmente, de 96 mil uniformados, haciendo manifestaciones con sus armas, dejando sus puestos de trabajo», indicó un vocero de la cartera bonaerense a este portal. Además aseguraron que el aumento otorgado no fue como consecuencia del levantamiento, sino de «un proyecto que se trabajaba desde febrero».
«Todos los sublevados están sumariados, todos en investigación, como corresponde por protocolo. Toda investigación lleva tiempo pero estamos tranquilos», confiaron a IP.
La Policía Bonaerense, bajo la gestión de Sergio Berni, viene de ser señalada por la CORREPI por ser autora de 249 muertes, tanto dentro de los penales como casos de gatillo fácil y muertes en manos de efectivos bonaerenses. Se trata del 59 por ciento del total de los casos se produjeron a nivel nacional, con especial intensidad durante los meses de aislamiento.
Los más emblemáticos fueron los de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años oriundo de la ciudad bonaerense de Pedro Luro, partido de Villarino, quien salió de su casa rumbo a lo de su ex novia, en Bahía Blanca, 120 kilómetros al norte por la Ruta 3, el jueves 30 de abril, y permaneció desaparecido hasta que sus restos fueron hallados a principios de septiembre; Lucas Nahuel Nerón, de 18 años, de la localidad de Goznalez Catán, La Matanza, que recibió dos balazos que partieron de un móvil policial; Federico Rey, “fusilado” a fines de abril durante una protesta en el penal de Florencio Varela; y Francisco Javier Cruz, que fue levantado por un patrullero, también en Varela, y apareció muerto un día antes de la entrada en vigencia de la cuarentena, el 18 de marzo.