CAMBIEMOS QUIERE REABRIR LAS FRONTERAS

“El 313 es una aberración, un precedente que no podemos dejar que se siente”, razona un diputado de CAMBIEMOS en referencia al decreto que cerró las fronteras para el ingreso de argentinos o residentes. Se publicó el 27 de marzo (a la semana de estar vigente el aislamiento) y fue una ampliación del 274/2020 que ya había imposibilitado el ingreso al país de extranjeros. “Es inconstitucional, no es reglamentar un derecho, sino directamente aniquilarlo”, asiente otro de las voces consultadas.

Junto al 313/2020 entra también el 331/2020 que prorrogó el cierre de frontera aunque impuso ciertos límites y excepciones. “Fue para salvar la aberración legal anterior”, insiste el primero. Y agrega: “Si eso queda tal cual está vos podés limitar cualquier derecho y garantía constitucional sin ninguna declaración de estado de sitio”.

Dirigentes de la oposición vienen criticando cada vez con más fuerza ese DNU, que generó que decenas de miles de argentinos quedaran varados en el exterior. De hecho, ya hubo presentación en la Justicia para que se declare inconstitucional el 274/2020 y sus extensiones. Por el momento, un fallo de la Cámara Federal de Tucumán rechazó un amparo presentado para permitir el regreso de argentinos en un vuelo que no tenía habilitación del Gobierno, pero no resolvió la cuestión de fondo.

“La mayoría de los DNU están dentro de todo bien”, explican desde la oposición, quienes desde un primer momento avalaron que el Presidente emita decretos para agilizar la administración durante la pandemia. “Pero con más de 30 decretos para analizar es importante juntarnos, evaluar y si lo requiere dictaminar”, dicen.

Otro decreto en el que pusieron la mira desde Juntos por el Cambio es el 351/2020, que le otorgó a los intendentes la potestad de fiscalizar precios y clausurar negocios en sus municipios. En los hechos no fue firmado como un DNU pero el reclamo es que sea analizado como tal ya que cambia una ley, la de Defensa de la Competencia, un atributo en el Poder Ejecutivo puede interceder solo a través de un DNU. “Es un DNU encubierto”, analizan. La interpretación que hizo el oficialismo es que se trata de un decreto reglamentario de una ley y que no la modifica.