Crecen las sospechas sobre el aspecto económico de las amenazas
Cada operativo de la brigada anti explosivos tiene un costo que va de los 25.000 a los 30.000 $. Así lo confirmaron fuentes del ministerio de seguridad provincial que conduce Cristian Ritondo. En declaraciones a la prensa , el ministro explicó que “Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil»
La angustiarte situación que vive la comunidad educativa por las constantes amenazas de bomba en la región, parece no tener una solución a la vista. A partir de allí, muchas conjeturas se deslizan tratando de comprender que origina la ola de amenazas.
El aspecto económico es uno que comenzó a surgir con fuerza en las ultimas horas. Ya la provincia, por tomar un ejemplo, en octubre del año pasado gasto mas de 60 millones de pesos producto de una 2400 amenazas en ese lapso. En las ultimas horas el subsecretario de seguridad de Berisso Hugo Dagorret, le apunto al vecino distrito de Ensenada señalando «las estadísticas de agosto indican en La Plata 106, en Berisso 150 y en Ensenada solo 3. entonces que cada uno saque sus propias conclusiones».
En el intento irresponsable de darle un tinte político que se suma al de la presidente del consejo escolar Elizabeth Franchi, las autoridades locales desconocen las estadísticas provinciales y como varia el mapa de las amenazas. Para ello basta repasar lo publicado por el diario CLARIN en junio de este año, donde revela un informe del área educativa con los seis distritos que mas amenazas habían sufrido, de los cuales 5 están gobernados por intendentes del Pj-UC. Ellos son: Merlo (gustavo Menendez), Moreno ( Walter Festa), San Miguel ( Mendez), La Matanza ( Magario) y San Martin ( Katopodis).
En un momento de tanta tensión social resulta bochornoso buscar en las internas políticas un justificativo para la ola de amenazas, por parte del máximo responsable de seguridad en la ciudad. Cuesta soportar la inoperancia política y judicial para dar con los autores que tienen en vilo a toda la comunidad.